[3.1] Entorno regulatorio

Unión Europea

• En diciembre de 2018, se concluyó el proceso de negociación del Paquete de Energía Limpia para Todos los Europeos. Incluye objetivos a alcanzar en el año 2030, tanto para las energías renovables (al menos el 32 % del consumo final bruto de energía de la UE) como para la mejora de la eficiencia energética (alcanzar el 32,5 % para el conjunto de la Unión). Asimismo, se revisó el Reglamento y Directiva de Mercado Interior de Electricidad para mejorar su funcionamiento, sentar las bases para la transición hacia un modelo energético más limpio, y dar un papel más activo a los consumidores.
• Actualmente se está tramitando el Paquete de Movilidad Limpia, que desarrolla medidas para reducir las emisiones del sector del transporte en el periodo 2021-2030. Se han acordado los objetivos de adquisición, alquiler y contratación de vehículos limpios por la Administración Pública fijados en la Directiva y se ha aprobado un objetivo de reducción de emisiones para nuevos turismos del 37,5 % en 2030, comparadas con las emisiones de 2021. Sólo queda pendiente llegar a un acuerdo sobre la reducción de emisiones para los vehículos pesados.
• En noviembre de 2018 la Comisión Europea presentó su Propuesta de Estrategia de Reducción de Emisiones a largo plazo, que analiza ocho escenarios diferentes para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 2050 con respecto a 1990. Los seis primeros se basan en distintas medidas sobre el sector energético e industrial, para alcanzar una reducción de estas emisiones de entre el 80 y el 90 %. También se plantean dos escenarios para alcanzar la reducción del 100 %, que requerirían acciones en otros sectores (agricultura, bosques, etc.).
• En marzo de 2018 se publicó la Directiva que regula el comercio de los derechos de emisión de CO₂ hasta 2030. Las principales novedades son:
  • Aumento de la reducción anual del número de derechos de emisión a subastar cada año.
  • La creación de un mecanismo de retirada de excedentes de derechos en circulación para estabilizar su precio.

España

• El Gobierno ha elaborado un borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para garantizar la consecución de los compromisos españoles en materia de energía y clima recogidos en el marco del Acuerdo de París. Este documento defiende un marco a medio y largo plazo para garantizar una transición ordenada hacia una economía baja en carbono.
• Antes de concluir 2019, España debe remitir a la Comisión Europea su Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC) final para el horizonte 2021-2030. Incluirá los objetivos nacionales para 2030 y la senda de descarbonización para 2050, así como una descripción de las políticas y medidas orientadas a reducir las emisiones y aumentar las renovables y la eficiencia conforme los objetivos acordados en la UE.
• Se ha transferido a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la competencia de establecer la metodología y los parámetros de retribución, los peajes y las condiciones de acceso a las redes de electricidad y gas de aplicación a partir del. próximo periodo regulatorio 2020-2025.

Reino Unido

• El 26 de noviembre de 2018, el Gobierno y el regulador Ofgem anunciaron una próxima revisión del marco regulatorio y de las reglas de gobernanza en el sector de la energía, con el objetivo de simplificarlo y adaptarlo a la transición energética. La revisión afecta a todas las normas en las que se fundamentan las redes de gas y electricidad y los mercados mayoristas y de retail. Ofgem y el Gobierno publicarán una consulta en verano de 2019.
• El 25 de noviembre de 2018 se alcanzó un acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE. El Gobierno británico ha puesto en marcha planes de contingencia para evitar impactos a corto plazo en el entorno regulatorio energético derivados de esta situación.

Estados Unidos y Canadá

• El 21 de agosto de 2018, la Agencia de Protección de Medio Ambiente (EPA) propuso la Affordable Clean Energy (ACE), una norma en la que se establecen unas guías para permitir a los estados desarrollar planes de reducción de emisiones de GEI para las plantas de carbón existentes, basándose en realizar mejoras de eficiencia en las plantas y en la aplicación de nuevas tecnologías. Esta norma sustituirá al Clean Power Plan (CPP) de 2015.

México

• El 1 de diciembre de 2018 tomó posesión el nuevo Gobierno. Sus prioridades energéticas son revisar la reforma en curso, fortalecer la CFE, modernizar las centrales hidroeléctricas y ser autosuficientes en combustibles, dando un impulso a la extracción de gas natural.
• En enero de 2019, el nuevo Gobierno canceló la cuarta subasta de largo plazo de energía, certificados de energía limpia y potencia. También han sido canceladas las dos subastas de líneas de transporte (conexión de Baja California con el sistema nacional y conexión del Istmo de Tehuantepec con la zona central del país).
• La Ley de Transición Energética promueve la participación de las energías limpias para alcanzar el 35 % el año 2024, mediante el sistema de CEL, según el siguiente esquema: 5 % en 2018, 5,8 % en 2019, 7,4 % en 2020; 10,9 % en 2021 y 13,9 % en 2022.
• Durante 2018 se comenzó a aplicar la nueva metodología de cálculo para la tarifa regulada que se aplica al suministro básico, de carácter aditivo y que reconoce los costes de cada actividad del sistema eléctrico. La tarifa para el consumo doméstico permanecerá con la metodología antigua indefinidamente.

Brasil

• El Ministerio de Minas y Energía ha aprobado el Plan de Expansión de Energía Decenal, en el que se prevé instalar un total de 54,6 GW entre este año y 2027, de los que 32,3 GW serán de tipo renovable. Desglosados por tecnología: 13 GW serán eólicos, 6,9 GW solares y 6,8 GW hidroeléctricos, correspondiendo los 5,6 GW restantes a biomasa y pequeñas hidroeléctricas. Adicionalmente, se estima que se destinen al negocio de transporte R$ 108.000 millones.
• Durante 2018 se ha llevado a cabo la privatización de 6 filiales distribuidoras pertenecientes a la empresa estatal Eletrobras. En la misma línea, el nuevo Gobierno ha manifestado su intención de continuar con el proceso de privatización de empresas estatales.
• Se ha prolongado el Programa Luz para Todos hasta diciembre de 2022 con el objetivo de apoyar la electrificación de zonas rurales y desfavorecidas económicamente.
• El regulador ha propuesto para 2019 un incremento del 1,1 % del presupuesto de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) hasta alcanzar los R$ 20.270 millones. Esta cuenta se utiliza para financiar, entre otros, programas de ayuda a colectivos vulnerables como el Programa Luz para Todos, o el apoyo a la compra de combustibles fósiles por las generadoras en regiones aisladas.
• A lo largo de 2018 se han llevado a cabo varias iniciativas legislativas cuyo propósito es reducir la judicialización existente en el sector eléctrico brasileño, motivada por las discrepancias asociadas al riesgo hidrológico (GSF) entre los generadores y el Gobierno. Dado que ciertos generadores siguen amparados bajo medidas judiciales que les eximen del pago de los costes del riesgo hidrológico entre julio 2015 y febrero 2018, las liquidaciones del mercado de corto plazo siguen generando déficit que merman los ingresos de las distribuidoras. La posición neta de Neoenergia es acreedora.