POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS

El Grupo desarrolla una cultura empresarial de ética y honestidad

Política para la prevención de delitos.

Política para la prevención de delitos

24 de abril de 2019

El Consejo de Administración de IBERDROLA, S.A. (la "Sociedad") tiene atribuida la responsabilidad de formular la estrategia y aprobar las políticas corporativas de la Sociedad, así como de organizar los sistemas de control interno. En el ejercicio de estas responsabilidades y en congruencia con el Propósito y Valores del grupo Iberdrola y con su cultura de prevención de irregularidades, dicta esta Política para la prevención de delitos.

1. Finalidad

La Política para la prevención de delitos tiene la finalidad de proyectar a todos los miembros del equipo directivo y profesionales de las sociedades pertenecientes al grupo cuya sociedad dominante, en el sentido establecido por la ley, es la Sociedad (el "Grupo"), así como a terceros que se relacionen con aquellas, un mensaje rotundo de oposición a la comisión de cualquier acto ilícito penal y de la voluntad del Grupo de combatirlos y de prevenir un eventual deterioro de su imagen y su valor reputacional y, en definitiva, del valor de la acción y de la marca de la Sociedad. Esta Política para la prevención de delitos, junto con la Política contra la corrupción y el fraude, acreditan el compromiso del Grupo con la vigilancia permanente y la sanción de los actos y conductas fraudulentos, de mantenimiento de mecanismos efectivos de comunicación y concienciación de todos los empleados y de desarrollo de una cultura empresarial de ética y honestidad.

Para el desarrollo de esta Política para la prevención de delitos la Sociedad ha instaurado, a través de la Unidad de Cumplimiento y demás órganos competentes, un programa específico y eficaz para la prevención de la comisión de delitos (como conjunto de medidas dirigidas a la prevención, detección y reacción ante posibles delitos), que se extenderá asimismo a la prevención y al control de otros fraudes, infracciones administrativas e irregularidades graves, todo ello en el marco del proceso de revisión y adaptación a los deberes impuestos por el Código Penal español tras la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de la normativa aplicable en cualquier otra jurisdicción en la que la Sociedad desarrolle sus actividades. Asimismo, las demás sociedades del Grupo han instaurado programas equivalentes para la prevención de la comisión de delitos.

Es objetivo de los referidos programas, de un lado, garantizar frente a terceros y ante los órganos judiciales y administrativos que las sociedades del Grupo realizan un cumplimiento efectivo de los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad mediante el establecimiento de medidas idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión y que, por tanto, ejercen sobre sus administradores, directivos, empleados y demás personas dependientes, considerando su modelo de gobierno, el debido control que legalmente les resulta exigible, incluyendo en ese control la fiscalización de potenciales situaciones de riesgo delictual que pueden surgir en el ámbito de su actuación aun cuando no resulte posible su atribución a una persona en concreto; y, de otro, reforzar el compromiso, ya existente, de trabajar contra el fraude y la corrupción en todas sus manifestaciones, incluidas la extorsión, el cohecho y el soborno.

Forman parte del contenido de dichos programas protocolos de actuación y supervisión para la reducción del riesgo de comisión de ilícitos penales y, en general, de irregularidades (conductas ilegales o contrarias al Código ético o al Sistema de gobierno corporativo) complementados con sistemas de control eficaces, continuos y actualizables.

2. Ámbito de aplicación

Esta Política para la prevención de delitos será de aplicación a todos los directivos y empleados de la Sociedad y de las demás sociedades integradas en el Grupo.

El Grupo cuenta con un modelo de gobierno en el que las responsabilidades ejecutivas descentralizadas son asumidas por las sociedades cabecera de los negocios del Grupo, que disfrutan de la autonomía necesaria para llevar a cabo la dirección ordinaria y la gestión efectiva de cada uno de los negocios y tienen atribuida la responsabilidad de su control ordinario a través de sus respectivos consejos de administración y órganos de dirección, que, con la supervisión de la Unidad de Cumplimiento y demás órganos competentes, aseguran la implementación y el seguimiento de los principios de actuación recogidos en esta Política para la prevención de delitos, sin perjuicio de la adecuada coordinación a todos los niveles del Grupo. Este modelo se complementa con la existencia de sociedades subholding que agrupan las participaciones en las sociedades cabecera de los negocios del Grupo y desarrollan la función de organización y coordinación en relación con los países y/o negocios que el Consejo de Administración de la Sociedad decida, difundiendo, implementando y asegurando el seguimiento de las políticas, estrategias y directrices generales del Grupo con atención a las características y singularidades de sus respectivos países y/o negocios.

Las sociedades subholding cotizadas o no participadas íntegramente por el Grupo podrán aprobar su propia política para la prevención de delitos, aplicable a dicha sociedad y a sus sociedades dependientes para cumplir los requerimientos que les sean aplicables por su condición de sociedad cotizada, en su caso. Dicha política deberá en todo caso ser conforme con los principios recogidos en esta Política para la prevención de delitos.

Por otra parte, las personas que actúen como representantes del Grupo en sociedades y entidades no pertenecientes a él promoverán, en la medida de lo posible, la implementación de programas específicos y eficaces para la prevención de la comisión de delitos, similares a los de las sociedades del Grupo.

Los directivos y empleados del Grupo a quienes les sean de aplicación, adicionalmente, otras normas o políticas, de carácter sectorial o derivadas de la legislación nacional de los países en los que aquellas desarrollen su actividad, las cumplirán igualmente. Se establecerá la adecuada coordinación a fin de que tales normas o políticas sean congruentes con los principios establecidos en esta Política para la prevención de delitos.

3. Principios de actuación

Los principios por los que se rige la Política para la prevención de delitos son los siguientes:

a) Integrar y coordinar el conjunto de actuaciones necesarias para prevenir y combatir tanto la posible comisión de actos ilícitos por cualquier profesional del Grupo, como, en general, las posibles situaciones irregulares o de fraude; y ello como elemento fundamental de la Política para la prevención de delitos, en línea con la Política contra la corrupción y el fraude, la Política general de control y gestión de riesgos y con la Política general de desarrollo sostenible.

b) Generar un entorno de transparencia, integrando los diferentes sistemas desarrollados para la prevención de delitos, manteniendo los canales internos adecuados para favorecer la comunicación de posibles irregularidades, entre los que se encuentran los buzones éticos, que permiten a los profesionales del Grupo, a los proveedores y a los accionistas de la Sociedad denunciar irregularidades financieras o contables y comunicar otras conductas que puedan implicar un incumplimiento del Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad o la comisión por algún profesional del Grupo de algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación del Código ético.

c) Actuar, en todo momento, al amparo de la legislación vigente y dentro del marco establecido por el Código ético, dando cumplimiento a la normativa interna de la Sociedad.

d) Impulsar una cultura preventiva basada en el principio de "tolerancia cero" hacia la comisión de actos ilícitos y en la aplicación de los principios de ética y comportamiento responsable de todos los profesionales del Grupo, con independencia de su nivel jerárquico y del país en que trabajen.

e) Dentro del impulso de esta cultura preventiva, promover procesos de autocontrol en las actuaciones y la toma de decisiones por parte de los empleados y directivos, de modo que cualquier actuación de un profesional del Grupo se asiente sobre cuatro premisas básicas: (i) que sea éticamente aceptable, (ii) que sea legalmente válida, (iii) que sea deseable para la Sociedad y el Grupo, así como (iv) que el profesional esté dispuesto a asumir la responsabilidad sobre ella.

f) Asegurar que la Unidad de Cumplimiento cuenta con los medios materiales y humanos necesarios para vigilar el funcionamiento y el cumplimiento de esta Política para la prevención de delitos de forma eficaz y proactiva, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a otros órganos y direcciones de la Sociedad y, en su caso, a los órganos de administración y de dirección de las sociedades subholding y de las sociedades cabecera de los negocios del Grupo.

g) Desarrollar e implementar procedimientos adecuados para el control y la gestión integral de la prevención de delitos en todas las sociedades del Grupo.

h) Mantener el énfasis en las actividades proactivas, como la prevención y la detección, frente a las actividades reactivas, como la investigación y la sanción.

i) Investigar toda denuncia de un hecho presuntamente delictivo o acto fraudulento o irregular, con independencia de su cuantía, a la mayor brevedad posible, garantizando la confidencialidad del denunciante y los derechos de las personas investigadas. Asimismo, las sociedades del Grupo prestarán toda la asistencia y cooperación que puedan requerir los órganos judiciales y administrativos o las instituciones y organismos, nacionales o internacionales, para la investigación de hechos presuntamente delictivos, fraudulentos o de otro modo irregulares que hayan podido ser cometidos por sus profesionales.

j) Procurar una aplicación justa, no discriminatoria y proporcional de las sanciones, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en cada momento.

k) Comunicar a todos los profesionales del Grupo el deber de informar sobre cualquier hecho constitutivo de un posible ilícito penal o irregularidad de la que tengan constancia a través de los canales establecidos al respecto y, específicamente, sobre cualquier indicio o sospecha de que una transacción u operación proyectada pudiera estar vinculada al blanqueo de capitales o a la financiación de cualesquiera actividades ilícitas.

l) Implementar programas adecuados de formación, tanto presencial como on line o por cualquier otro método que resulte apropiado, para los profesionales del Grupo en los deberes que impone la legislación aplicable con una periodicidad suficiente para garantizar la actualización de sus conocimientos en esta materia.

m) Sancionar disciplinariamente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en cada momento, aquellas conductas que contribuyan a impedir o dificultar el descubrimiento de delitos así como la infracción del deber específico de poner en conocimiento de los órganos de control los incumplimientos que hubieran podido detectarse.

4. Control, evaluación y revisión

a) Control
Corresponde a la Unidad de Cumplimiento controlar la implantación, desarrollo y cumplimiento del Programa para la prevención de la comisión de delitos de la Sociedad y de aquellas sociedades del Grupo que no sean subholding, cabecera de los negocios ni estén participadas a través de aquellas, y supervisar y coordinar la implantación, desarrollo y cumplimiento de programas equivalentes en las demás sociedades del Grupo, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a otros órganos y direcciones de la Sociedad y, en su caso, a los órganos de administración y de dirección de las sociedades subholding y de las sociedades cabecera de los negocios del Grupo.

A estos efectos, la Unidad de Cumplimiento gozará de las facultades necesarias de iniciativa y control para vigilar el funcionamiento, la eficacia y el cumplimiento de esta Política para la prevención de delitos, velando por la adecuación de los programas para la prevención de la comisión de delitos a las necesidades y circunstancias de cada una de las sociedades del Grupo en cada momento, y por que los sistemas disciplinarios que resulten de aplicación en cada caso sancionen adecuadamente el incumplimiento de las medidas previstas en los programas.

Lo anterior se entiende a salvo de aquellos órganos o unidades específicamente dedicadas al control de las actividades delictivas o fraudulentas que sea necesario o conveniente crear en otras sociedades del Grupo a efectos del cumplimiento de la legislación sectorial o nacional de los países en los que aquellas desarrollen su actividad, con los cuales se establecerán las oportunas relaciones de coordinación, de conformidad con la legislación correspondiente.

b) Evaluación
La Unidad de Cumplimiento evaluará, al menos una vez al año, el cumplimiento y la eficacia del Programa para la prevención de la comisión de delitos de la Sociedad. Asimismo, las direcciones de cumplimiento de las sociedades subholding y cabecera de los negocios del Grupo evaluarán, al menos una vez al año, el cumplimiento y la eficacia de sus respectivos programas para la prevención de la comisión de delitos. En todo caso, cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de los programas o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada por las sociedades del Grupo, se valorará la conveniencia de su modificación.

b) Revisión
La Comisión de Desarrollo Sostenible revisará periódicamente la Política para la prevención de delitos y propondrá al Consejo de Administración las modificaciones y actualizaciones que contribuyan a su desarrollo y mejora continua, atendiendo, en su caso, a las sugerencias y propuestas que realicen la Unidad de Cumplimiento o los profesionales del Grupo.

Esta Política para la prevención de delitos fue aprobada inicialmente por el Consejo de Administración el 14 de diciembre de 2010 y modificada por última vez el 24 de abril de 2019.

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