Toda esta información puede provenir de multitud de fuentes: datos personales y de pago de empresas privadas y públicas, datos de navegación y compra, datos de comportamiento en redes sociales; datos extraídos de todo tipo de aparatos como relojes inteligentes, sensores… Sus aplicaciones son múltiples y gracias a esta cantidad de información se han podido lanzar inteligencias artificiales, plataformas digitales que ofrecen servicios personalizados, algoritmos predictivos con aplicaciones en salud, finanzas, mercadotecnia… Sin embargo, no podemos perder de vista a los principales generadores de toda esta información: las personas.
La importancia de la protección de datos y la privacidad en la era de la tecnología
La transformación digital no es solo una cuestión de eficiencia o innovación. Es una oportunidad para construir un futuro más justo, inclusivo y humano. Y en ese camino, contar con todas las medidas necesarias para proteger los datos y la privacidad de los mismos garantiza que el progreso tecnológico se haga con respeto, con ética y con responsabilidad.
Aquí nos adentramos en el campo de la ciberseguridad, en el que las tecnologías de mejora de la privacidad o PET (Privacy Enhancement Technologies) cobran un protagonismo fundamental. Se trata de herramientas que protegen la información de identificación personal (PII) y minimizan los riesgos de seguridad. Y esto lo consiguen sin perder la funcionalidad de dicha información, es decir, permiten utilizar los datos que de otra manera no se emplearían para mejorar los servicios y avanzar tecnológicamente, a la vez que cumplen con la legislación vigente.
Su empleo no solo ayuda a respetar las normativas sobre privacidad y protección de datos, también garantizan la seguridad del negocio en su conjunto previniendo brechas y mejorando la resiliencia del mismo.
Proteger los datos no es solo cumplir la ley: es salvaguardar la libertad y la confianza de millones de personas. En Iberdrola, aplicamos principios éticos y tecnologías avanzadas para que cada innovación respete la privacidad desde el diseño.
Qué dice la ley sobre la protección de datos y la privacidad
Hoy, más que nunca, debemos entender la privacidad no solo como un requisito legal, sino como un valor estratégico. Proteger los datos personales es proteger la libertad, la autonomía y la dignidad de cada individuo. Es reconocer que detrás de cada dato hay una historia, una vida, una persona.
En un entorno digital donde todo se mide, se analiza y se predice, la privacidad actúa como un principio orientador que ayuda a asegurar que el desarrollo tecnológico se mantenga alineado con valores éticos y con el respeto a los derechos individuales.
La importancia de proteger adecuadamente los datos hace que sea necesaria una regulación que imponga una base sobre la que las empresas deben trabajar. Una de las pioneras y de las más influyentes es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) promulgado por la Unión Europea en 2018. Esta ley afecta a cualquier organización que procese los datos de ciudadanos de la UE, aunque su sede esté fuera de ella.
Entre las claves de su cumplimiento están el consentimiento explícito para almacenar y usar los datos, la minimización de los datos, el derecho al olvido, la portabilidad y la notificación de brechas de seguridad en menos de 72 horas.
También protege contra la recopilación y usos de datos sobre el origen racial o étnico de una persona, su orientación sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos sanitarios o biométricos (salvo consentimiento explícito) o infracciones penales con el ánimo de evitar cualquier tipo de discriminación.
Por su parte, Reino Unido creó la UK Data Protection Act 2018, su propia versión de la RGDP tras el Brexit. En el caso de Estados Unidos, no existen normativas federales que apliquen a todo el país, en su lugar, cada estado o sector ha diseñado su propia regla. Sin embargo, en el resto de los países del mundo, sí se van implementando legislaciones a nivel nacional que abordan el tratamiento de datos por entidades privadas con diferencias aplicadas a cada región.
