Conoce el modelo de Base de Activos Regulados (RAB)
¿Qué es una base de activos regulada (RAB)?
La Base de Activos Regulada (RAB, por sus siglas en inglés) es un modelo financiero y regulatorio que define cómo se remunera la inversión privada en infraestructuras públicas esenciales, como redes eléctricas, agua o transporte.
Detrás de cada enchufe, de cada carga de vehículo eléctrico o de cada panel solar, hay infraestructuras que necesitan inversión, planificación y confianza. Estas infraestructuras son llevadas a cabo por empresas como Iberdrola y su valor es reconocido por los reguladores permitiendo obtener tasas de retorno razonables sobre dicho valor.
El modelo RAB ofrece estabilidad y previsibilidad: los inversores saben que podrán recuperar su inversión a lo largo del tiempo, mientras que los consumidores se benefician de tarifas controladas por el regulador. Este equilibrio convierte al RAB en una herramienta eficaz para atraer capital privado hacia proyectos estratégicos de largo plazo, reduciendo el riesgo percibido y, por tanto, el coste de financiación.
En Iberdrola, este sistema se ha convertido en una palanca clave para avanzar hacia un modelo más limpio, digital y sostenible.
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Modelo RAB en el sector energético
En un momento en que la electrificación de la economía demanda grandes inversiones sostenidas en el tiempo, el modelo RAB se ha convertido en un pilar estructural del nuevo paradigma energético. A diferencia de los esquemas puramente competitivos del mercado, el RAB ofrece previsibilidad y seguridad jurídica, dos condiciones imprescindibles para atraer capital privado hacia infraestructuras esenciales como las redes de distribución, transporte eléctrico, interconexiones o almacenamiento.
En el sector eléctrico, esta fórmula ha demostrado ser un motor de estabilidad e innovación. Gracias a la existencia de marcos regulatorios de tipo RAB, los operadores pueden acometer programas de inversión plurianuales, modernizar sus redes y mejorar la calidad del suministro sin depender de las oscilaciones del mercado energético o financiero. Además, el modelo estimula la competencia en productividad y tecnología, ya que las empresas son incentivadas a optimizar costes, digitalizar procesos y adoptar soluciones más sostenibles para maximizar su retorno dentro del marco regulado.
En el horizonte de 2028, Iberdrola invertirá alrededor de 37.000 millones de euros en redes eléctricas, con el objetivo de elevar su Base de Activos Regulados (RAB) hasta los 70.000 millones, lo que supone un incremento de 40.000 millones respecto a 2020. De ese total, 25.000 millones se destinarán a redes de distribución, que alcanzarán una base de activos de 50.000 millones, mientras que 12.000 millones se dirigirán a transporte, esta última se concentra en un 95 % en Reino Unido y Estados Unidos, donde la compañía espera situar la base de activos en torno a 20.000 millones. Estos planes se desarrollan bajo marcos regulatorios ya cerrados o en fase avanzada de negociación, con una rentabilidad media (ROE) estimada del 9,5 %, lo que refuerza la estabilidad y visibilidad del crecimiento en su negocio regulado.
¿Cuál es la diferencia entre RAB y el valor de mercado?
La RAB representa el valor contable regulado de los activos necesarios para prestar un servicio público, por ejemplo, las redes eléctricas. Este valor lo determina el regulador, y sirve como referencia para calcular la rentabilidad autorizada que la empresa puede obtener. En otras palabras, la RAB es una medida técnica y controlada.
El valor de mercado, en cambio, refleja lo que los inversores están dispuestos a pagar por una empresa en un momento determinado. Depende de factores como las expectativas de crecimiento, la percepción de riesgo, la rentabilidad futura, la confianza en el marco regulatorio y las condiciones del mercado financiero.
En el caso de Iberdrola, el valor de mercado suele superar ampliamente su base regulada. Los inversores reconocen su liderazgo global en energías renovables, su presencia internacional diversificada y su apuesta por la innovación tecnológica y la sostenibilidad, que le permiten generar valor más allá del marco regulatorio.
Ventajas de la base de activos regulada
El modelo de Base de Activos Regulada (RAB) aporta una serie de ventajas que lo han convertido en una herramienta esencial para impulsar la inversión, la sostenibilidad y la innovación en el sector energético.
Estabilidad y previsibilidad financiera
La rentabilidad autorizada y los periodos regulatorios plurianuales permiten a las empresas planificar sus inversiones con visión de largo plazo. Esto reduce la volatilidad asociada a los mercados y facilita el acceso a financiación en condiciones más favorables.
Eficiencia e innovación
Al reconocer únicamente las inversiones necesarias y premiar las mejoras tecnológicas, el modelo RAB estimula la modernización de las redes, la digitalización y la incorporación de soluciones inteligentes en la gestión del sistema eléctrico.
Impulso de un modelo más sostenible
La estabilidad del modelo RAB permite destinar recursos de forma continua a proyectos de descarbonización, electrificación del transporte y expansión de las energías renovables, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos climáticos.
Seguridad
Al existir un control regulatorio sobre precios e inversiones, se asegura que las tarifas sean justas, que los activos se mantengan en condiciones óptimas y que la calidad del servicio mejore de forma constante.
Cómo la regulación basada en activos fomenta la inversión en infraestructura
En un contexto de incertidumbre energética y necesidad de inversiones masivas, la regulación basada en activos se presenta como el puente entre el capital privado y el interés público. La regulación basada en activos fomenta la inversión en infraestructura al ofrecer un marco de estabilidad, transparencia y retorno predecible. La lógica es sencilla: el regulador reconoce el valor de los activos necesarios para garantizar el servicio público y establece una rentabilidad justa sobre ellos, siempre ligada a la eficiencia y al interés general.
Al reconocer el valor de los activos necesarios para la prestación del servicio y garantizar una retribución razonable sobre la inversión, este modelo reduce la incertidumbre regulatoria y el riesgo financiero para las empresas. De esta forma, se incentiva la movilización de capital privado hacia proyectos de largo plazo, como la modernización de redes eléctricas, la digitalización de infraestructuras o la integración de energías renovables.
En Iberdrola, este modelo ha sido clave para impulsar la transformación de sus negocios de redes en los distintos países donde opera.
Gracias a este modelo, en Iberdrola hemos podido planificar con visión a largo plazo, garantizando un flujo de inversión constante en infraestructuras críticas y contribuyendo a la electrificación de la economía. En última instancia, la regulación basada en activos no solo impulsa la inversión, sino que asegura la sostenibilidad y la fiabilidad del sistema energético, beneficiando a los consumidores, fortaleciendo el tejido industrial y consolidando la transición hacia un modelo energético más limpio y seguro.